Constitución, democracia, Unión Europea y ciudadanía

La Constitución de 1978, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de ese año, es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Define España como un Estado social y democrático de Derecho y establece como forma política la monarquía parlamentaria: el rey es el jefe del Estado, pero no gobierna; la soberanía reside en el pueblo.

El poder se divide en tres: el legislativo corresponde a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados, con 350 escaños, y Senado), que hacen las leyes y controlan al Gobierno; el ejecutivo, al Gobierno, cuyo presidente o presidenta es investido por el Congreso tras las elecciones; y el judicial, a los jueces y tribunales. El Tribunal Constitucional comprueba que las leyes respetan la Constitución.

La Constitución reconoce derechos (igualdad ante la ley, libertad de expresión, educación, sufragio, huelga, protección de la salud…) y deberes (contribuir a los gastos públicos con impuestos según la capacidad económica, respetar las leyes…). Organiza el territorio en municipios, provincias y comunidades autónomas: hay 17 comunidades y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), cada una con su estatuto de autonomía.

España ingresó en la Comunidad Económica Europea en 1986. La actual Unión Europea (UE) tiene 27 Estados miembros. Sus principales instituciones son el Parlamento Europeo (elegido directamente por la ciudadanía), el Consejo Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea. El euro circula en billetes y monedas desde 2002, y el Tratado de Maastricht (1992) creó la ciudadanía europea: libre circulación, residencia y derecho a votar en las elecciones municipales y europeas del país donde se reside.

Ser ciudadano o ciudadana no se limita a votar cada cuatro años: incluye informarse con fuentes fiables, participar en asociaciones vecinales, sindicatos u ONG, presentar solicitudes y reclamaciones a la Administración, respetar la diversidad y cuidar los bienes comunes.