El Estado, los impuestos y los presupuestos

El sector público (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos) interviene en la economía para ofrecer bienes y servicios públicos (educación, sanidad, carreteras, alumbrado), redistribuir la renta (pensiones, becas, ayudas), regular los mercados y la competencia, y estabilizar la economía en épocas de crisis.

Para financiarse, recauda tributos, que son de tres tipos: impuestos (se pagan sin recibir nada concreto a cambio, como el IRPF o el IVA), tasas (se pagan por un servicio concreto, como expedir el DNI) y contribuciones especiales (se pagan cuando una obra pública beneficia especialmente a alguien, como asfaltar su calle). Además, quienes trabajan y las empresas pagan cotizaciones a la Seguridad Social, que financian pensiones y prestaciones.

Los impuestos pueden ser directos, si gravan la renta o el patrimonio de cada persona o empresa (el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades), o indirectos, si gravan el consumo (el IVA o los impuestos especiales sobre combustibles, alcohol o tabaco). Un impuesto es progresivo cuando quien más gana paga un porcentaje mayor, como ocurre con el IRPF.

El IVA se suma al precio de los productos. Por ejemplo, con el tipo general del 21 %, un producto de 100 € (IVA no incluido) cuesta 121 € (IVA incluido). Por eso, al dar un precio, hay que aclarar siempre si incluye o no el IVA.

Los Presupuestos Generales del Estado recogen cada año los ingresos previstos y los gastos que se van a realizar. Los elabora el Gobierno y los aprueban las Cortes Generales. Si los gastos superan a los ingresos hay déficit público, que se cubre pidiendo prestado; la suma de lo que se debe es la deuda pública. El fraude fiscal y la economía sumergida reducen lo que se recauda y perjudican a toda la sociedad.